El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente el decreto ley que regula la jornada de trabajo de 35 horas del personal empleado público y varios preceptos de los presupuestos de la Junta de Andalucía, tras admitir a trámite los recursos interpuestos por el Gobierno.
Según el Gobierno, la reducción a 35 horas de las 37,5 que tienen el resto de empleados públicos contraviene los presupuestos generales del Estado de 2013, que estableció para toda España la jornada laboral de las Administraciones Públicas en 37,5 horas.
Dice el Ejecutivo que se trata de que los funcionarios, "que son funcionarios del Estado", no pueden estar sometidos a un determinado régimen dependiendo de la comunidad en que trabajen, ya que "todos los funcionarios" tienen que cumplir con las 37,5 horas.
El Constitucional ha dado traslado de la demanda al Senado y al Congreso, así como a la Junta de Andalucía y al Parlamento de esta región para que en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes.
La admisión a trámite no determina cuál será la resolución que el tribunal de garantías adoptará sobre la constitucionalidad o no de la norma.