La iniciativa ha sido
respaldada con 206 votos de los grupos solicitantes -PSOE y los nacionalistas
vascos y catalanes-, Ciudadanos y Unidos Podemos, el rechazo de 136 diputados y
la abstención de Coalición Canaria.
Una comisión que tiene
como germen las conversaciones entre el exjefe de la Agencia Antifraude catalana
Daniel de Alfonso y el ministro del Interior quien, ausente en el debate,
finalmente sí acudió a la votación aplaudido por la bancada socialista.
Además de las
conversaciones, la comisión propuesta pretende investigar la utilización de los
efectivos, medios y recursos de las fuerzas de seguridad "con fines
políticos" para obstaculizar "los escándalos de corrupción del
PP" y demostrar si desde Interior se han filtrado a los medios de
comunicación informes falsos para actuar judicialmente contra determinados
partidos.
Durante al menos tres
meses, los socialistas también quieren que la comisión investigue a algunos
mandos de la cúpula de la Policía por integrar "una verdadera policía
política". Su puesta en marcha queda a expensas de que la legislatura eche
a andar y no haya que disolver de nuevo las Cortes y convocar terceras
elecciones generales a finales de octubre.
De ponerse fin a la
legislatura, los trabajos de la comisión que hayan comenzado caerán en saco
roto y la propia comisión quedará disuelta. Por contra, y en el caso de que la
legislatura avance y se forme un nuevo Gobierno, Jorge Fernández Díaz, o
cualquier otro compareciente estará obligado a acudir al Congreso, tal y como
establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de Comparecencia ante las Comisiones
de Investigación del Congreso o el Senado.
Así, el titular de
Interior no podrá apelar a que como ministro se encuentra en funciones y que no
puede someterse al control parlamentario. De no acudir, incurriría en un delito
de desobediencia grave. No es su intención porque comparecerá "con mucho
gusto" si es llamado, ha dicho al término del pleno, aunque ha querido
dejar claro que la propuesta representa una "ofensa" a las fuerzas de
seguridad y supone una "irresponsabilidad" por parte del PSOE
"haciendo el trabajo sucio a los independentistas.