Han sido meses de investigación hasta llegar a la imagen del expresidente de la Comunidad de Madrid detenido por la Guardia Civil. Salía con gafas de sol y tapándose la cara para evitar ser grabado por la cámara de laSexta. Para lo que además ha contado con la ayuda de uno de los agentes.
La investigación que ha llevado a su arresto dibuja el perfil de un verdadero depredador de lo público y cifra en alrededor de 60 millones de euros el agujero que supuestamente le ha provocado a las arcas madrileñas.
Su principal fuente de expolio habría sido el Canal de Isabel II. El juez Eloy Velasco investiga la compra de empresas en Latinoamérica a precios desorbitados y a través de empresas en paraísos fiscales.
También investiga si su hermano, Pablo González, se embolsó parte de la adjudicación de un campo de golf construido en pleno centro de Madrid, en terrenos del Canal.
El hermano ha sido detenido en la empresa pública Mercasa de la que es director de Operaciones. Sería, según fuentes de la investigación, una de las piezas claves del entramado de González para blanquear dinero.
Pero no todo es la empresa pública de agua. Se investiga también si la constructora OHL pagó a González una mordida de un millón 400.000 euros a cambio de la adjudicación del tren de cercanía a Navalcarnero.
Bajo la lupa del juez Velasco, otra presunta fuente de financiación ilegal del PP: sospecha que González exigió dinero a empresas adjudicatarias de contratos públicos para que pagaran la campaña del PP madrileño de 2011.
También han sido registradas las sedes en Madrid y Valencia de Subastas Segre, presidida por la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, para saber qué papel jugó en el enriquecimiento de la familia.
La investigación arrancó en 2015 e incluye el catálogo, casi al completo de los delitos de corrupción: organización criminal, cohecho, prevaricación, estafa a la administración pública, malversación o fraude contable entre otros.