Así se recoge en el decreto de la memoria histórica y democracia de Castilla y León, que ha aprobado el Consejo de Gobierno y que ha detallado en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez (PP).

El objetivo fundamental es "colaborar en la búsqueda y exhumación de las víctimas de la Guerra Civil para que sus familiares les puedan enterrar", ha sostenido el también consejero de la Presidencia, para quien una democracia no se puede permitir "tener muertos en las cunetas desde hace ochenta años" y no saber dónde están enterrados los muertos.

Si eso es así, "algo hemos hecho todos mal", ha advertido el vicepresidente de la Junta, quien ha explicado que el 99% de las asociaciones que trabajan en el campo de la memoria histórica en la comunidad está de acuerdo con este decreto, que ha incorporado sus sugerencias como que se condene expresamente la dictadura franquista, con ese "apellido".

Como efectos inmediatos del decreto, este mismo mes la Junta se reunirá con el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca para colaborar a la hora de hacer un censo de víctimas de la Guerra Civil en la Comunidad, y también saldrá la convocatoria de ayudas para exhumaciones por 100.000 euros.

Otra de las iniciativas que incorpora el decreto es la posibilidad de hacer un banco de ADN, en el que puedan quedar guardadas las pruebas biológicas de los descendientes de alguna víctima de la Guerra Civil o el franquismo para ayudar cuando se encuentren restos. No obstante, De Santiago-Juárez ha explicado que desde el banco nacional de ADN de Salamanca y otros expertos se les ha indicado que no hay "homologación específica para hacer esos análisis".

También se prevé que de forma inmediata, para lo que la Consejería de Educación elaborará una unidad didáctica, se pueda incluir en los contenidos de la ESO y Bachillerato estudios para "conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista", que de Santiago-Juárez ha bautizado como "educación en la verdad".