Compromís ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a investigar las actividades "presuntamente ilícitas" llevadas a cabo por la Fundación Nacional Francisco Franco y a cambiar la ley para abrir la puerta a su ilegalización por hacer apología del franquismo y la dictadura.
En su iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Cultura del Congreso, el diputado Ignasi Candela argumenta que la existencia de fundaciones como la Francisco Franco, la José Antonio Primo de Rivera o la Blas Piñar, creada en 2014, incumple la Ley de Memoria Histórica, que obliga a la retirada de "menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".
Candela denuncia en su texto que la fundación Blas Piñar reconoce su voluntad de un "nuevo renacer de España: una, grande y libre", mientras que la dedicada al fundador de La Falange declara entre sus objetivos "revalidar el pensamiento y activar la doctrina" del dictador como referente del siglo XXI.
El diputado de Compromís censura asimismo las ayudas públicas y las deducciones al IRPF por donaciones de las que se benefician este tipo de centros. Según sus datos, entre el año 2000 y el 2003, el Ministerio de Cultura subvencionó a la Fundación Francisco Franco con más de 150.000 euros.
Además, recalca que la Fundación Francisco Franco "torpedea" directamente la legislación sobre Memoria Histórica ofreciendo asesoramiento y asistencia jurídica a los ayuntamientos para mantener el callejero y la simbología franquistas.
De hecho, apunta, la fundación ha remitido cartas a diferentes entidades locales en las que enaltece a Francisco Franco y atribuye a la Ley de Memoria "el claro propósito de que ganen la guerra los que la perdieron hace 80 años". Por todo ello, Compromís quiere que el Congreso inste al Gobierno a investigar y solicitar informe al Protectorado de Fundaciones del Ministerio competente sobre las actividades presuntamente ilícitas llevadas a cabo por la Fundación Franco.
Además, aspira a que la Cámara emplace al Ejecutivo a reformar el artículo 5 de la Ley de Fundaciones para incluir la imposibilidad de exaltar o hacer mención en la denominación de las fundaciones de ámbito estatal del nombre de dictadora, personas u organizaciones que hayan cometido crímenes contra la humanidad tal y como regula la Ley de Memoria Histórica.
Para Candela, que el "indeseable revisionismo" de estas organizaciones pone de manifiesto la falta de una política de Estado en materia de Memoria Histórica. Además, recuerda que Pablo de Greiff, relator especial de la ONU, criticó en un informe la falta de transparencia, la interpretación restrictiva de la Ley de Amnistía, la privatización de las exhumaciones o el enfoque de responsabilidad simétrica que obvia la represión de la dictadura.