Al menos nueve jueces cobraron por asesorar en el desarrollo de programas informáticos para la Justicia madrileña. El primero en dar explicaciones será Francisco Javier Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está citado a declarar mañana ante el Consejo General del Poder Judicial.
El órgano de Gobierno de los jueces investiga si los pagos son compatibles con su función, porque según la ley, los jueces y magistrados sólo pueden cobrar por docencia o investigación.
Quien pagaba era Indra, una empresa privada. Pero quien ordenó los pagos fue la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid. Ignacio González ha tenido dos actos públicos, pero en ninguno de ellos ha atendido a la prensa.
El Gobierno, de momento, pasa de puntillas sobre el tema. Ayllón declara que "si el CGPJ ha decidido investigar esa situación, bien está que investigue". Mientras, desde el PSOE piden explicaciones y Hernando pregunta "si este tipo de primas se las paga sólo a los jueces o también a los sanitarios que asesoran en la mejora de programas informáticos".
Y hay quien ve algo más detrás de estos pagos. Ramón Marcos, candidato de UPyD de la Comunidad de Madrid, cuestiona "¿qué se pretende? ¿Se pretende tener impunidad ante los casos de corrupción? ¿Tener una Justicia domesticada que dicta resuoluciones favorables siempre a un determinado partido político?". Los pagos oscilaban entre los 400 y los 600 euros al mes.