La portavoz del partido,
Marta Pascal, y el coordinador de Régimen Interno, Francesc Sánchez, han
comparecido en rueda de prensa para detallar la respuesta al auto del juez
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que deja a Artur Mas y a
las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau a un paso del juicio, ante los
indicios de que cometieron desobediencia y prevaricación al permitir la
consulta.
Pascal ha anunciado que
los investigados recurrirán la apertura del juicio oral y pedirán la nulidad de
un "proceso político" que consideran que está hecho para
"criminalizar" desde las "altas instancias del Estado" al
proceso soberanista, como cree que ha quedado probado en las conversaciones
divulgadas entre Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude.
En este sentido, CDC ha
avanzado que la semana que viene presentará una querella contra Fernández Díaz,
sin perjuicio de que se incluyan más querellados, por varios delitos, entre
ellos "calumnias, injurias, revelación de secretos y atentado contra la
autoridad de Cataluña" -Artur Mas, entonces presidente catalán-, entre
otros que aún se están estudiando.
Convergència responde
así legalmente contra el ministro del Interior al sentirse parte perjudicada,
ya que en las conversaciones se habla de una supuesta operación para modificar
la cúpula del partido y de posibles acciones contra dirigentes convergentes
como Artur Mas o Francesc Homs.
El coordinador de
Régimen Interno ha remarcado que la querella se presentará al menos contra el
ministro del Interior, aunque se podría ampliar a todos aquellos que han
participado de este asunto.
Así, Sánchez ha
contemplado la posibilidad de incluir a Daniel de Alfonso en la querella,
aunque ha descartado sumar al presidente del Gobierno en funciones, Mariano
Rajoy, porque "ha negado públicamente" que tuviera conocimiento de
las conversaciones, si bien, ha considerado, "lo que debería haber hecho
es hacer dimitir al ministro".
El coordinador de CDC ha
denunciado lo que entiende como un "atentado contra el
independentismo" y ha preguntado retóricamente por qué el TSJC hace
público hoy el auto y no una semana atrás, en plena campaña electoral.
Por su parte, Pascal ha
señalado que el origen de la causa judicial por el 9N está en Manos Limpias y
que las conversaciones de Fernández Díaz y De Alfonso han ilustrado de forma
"clara y evidente" una "persecución política de altas instancias
del Estado para criminalizar" la consulta y el proceso soberanista. En este
sentido, ha alertado de que "querer sentar en el banquillo" de los
acusados a los "que piensan de forma diferente" denota una
"calidad democrática absolutamente negativa" por parte del Estado.