La teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, ha informado de este acuerdo y ha dicho que antes de seis meses el Ayuntamiento iniciará un proceso de audiencia en el que tanto las personas afectadas como las responsables de la venta, entre ellas las exalcaldesa Ana Botella, podrán pronunciarse si lo solicitan.
Si el informe de la Comunidad es favorable, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid se enfrentaría a un largo y complicado proceso, porque, según reconoce, hay muchas viviendas que ya se han vendido y además los fondos compradores podrían pedir una compensación por perjuicios.
Las 1.860 casas correspondientes a 18 promociones de viviendas protegidas en arrendamiento y alquiler con opción a compra fueron a parar al grupo Fidere por 128,5 millones de euros en una operación impulsada entre 2012 y 2013.
La comisión de investigación sobre este asunto constituida en el Ayuntamiento de Madrid concluyó que la Comunidad de Madrid permitió el "expolio del patrimonio público" y recomendó emprender acciones legales para lograr la nulidad de la venta, además de querellarse contra los responsables políticos de la operación.