"La primera es la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado por corrupción política", aseguraba Albert Rivera cuando anunció las condiciones que Ciudadanos imponía al Partido Popular para apoyarle. Empezaron siendo firmes, pero la definición de corrupción comenzó a tener matices para ellos.
"No todos los casos de prevaricación son corrupción. Consideramos corrupción cuando la prevaricación va unida a un enriquecimiento o a una trama de financiación ilegal de partidos", explicaba José Manuel Villegas, vicepresidente general de la formación naranja.
Esta apreciación salvaría de la dimisión al diputado del PP en Castellón Óscar Clavel, imputado por malversación, fraude y corrupción. "No es lo mismo meter la pata que meter la mano en la caja", diferenciaba Ciudadanos. "Meter la mano en la caja es corrupción política y meter la pata hacer algo mal, que no es corrupción y no está dentro del pacto", apuntaba el vicepresidente de C's y el Partido Popular no tardó en aferrarse a esta definición.
Sin embargo, desde el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción consideran que se trata de una "interpretación política torticera". "Es una interpretación de la corrupción que no se adhiere a lo que ya hay en el código penal", añade José Manuel Sánchez Fornet, portavoz de la plataforma.
Con este baile de matizaciones, Carlos Fabra, encarcelado por fraude fiscal, podría quedar fuera del pacto anticorrupción ya que, según Ciudadanos, los delitos de malversación, prevaricación y fraude fiscal en la vida privada no serían corrupción.