"Varias de las
víctimas entrevistadas manifestaron que los agentes 'iban a por las mujeres',
para remarcar un trato especialmente vejatorio contra ellas e incluso un uso de
la fuerza aún mayor", asegura el citado informe que este martes ha
presentado en el Congreso el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía,
Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens.
El consistorio de la
ciudad condal ha elaborado dicho informe preliminar en base a los testimonios
de 105 personas que se han puesto en contacto con el citado Servicio de
atención a víctimas de agresiones policiales el 1 de octubre, 38 de las cuales
han sido atendidas presencialmente.
De esas 38 "atenciones
presenciales", el Ayuntamiento reporta en su informe 14 golpes con porra,
22 "estirones o empujones", 18 "puñetazos, bofetadas o
patadas", 3 "intimidaciones verbales", 2 "heridas por bala
de goma", y 2 "agresiones de carácter sexual".
En concreto, Asens, que
ha comparecido junto a parlamentarios de Podemos, En Comú, Compromís y PDeCAT,
ha explicado que desde el servicio que han puesto en marcha "han escuchado
a varios testigos denunciar trato vejatorio, tocamientos de pechos y otras
partes del cuerpo y expresiones como 'puta'" por parte de los agentes que
trataron de impedir el referéndum del 1-O convocado por la Generalitat.
"Nos hemos
entrevistado con dos de esas mujeres y nos han contado que hay más relato. De
esas dos mujeres, tenemos el relato pormenorizado", ha asegurado el
teniente de alcalde del consistorio barcelonés.
Asimismo, Asens ha
anunciado que el Ayuntamiento que dirige Ada Colau presentará este informe en
el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que es el que se está encargando
de investigar las circunstancias en que se produjeron las actuaciones
policiales del 1-O, y también tiene la voluntad de personarse como acusación
popular "en aquellos casos atendidos que son especialmente graves",
para que "estos hechos no queden impunes".
La propia Colau ya
anunció tras las cargas policiales que su consistorio había recogido
testimonios de mujeres que habían sufrido agresiones sexuales durante las
cargas policiales; declaraciones que generaron gran malestar en el Ministerio
del Interior, que dio traslado de ellas a la Fiscalía, para que investigara si
pudiera haber incurrido en un delito de injurias.
"Eso no tienen
ningún fundamento jurídico. Creemos que tiene solo un objetivo, que es
atemorizar", ha asegurado Asens, para añadir que lo que hizo Colau no
tiene que ver con injuriar sino con informar de los testimonios recogido por el
Ayuntamiento. "La alcaldesa dio cuenta del relato de las víctima", ha
enfatizado.
Además de llegar a la
conclusión de que "la violencia ejercida tuvo marcado carácter
sexista", el consistorio de Colau concluye en su informe que las
actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre,
"supusieron el uso excesivo de la fuerza".
El Ayuntamiento de
Barcelona ha elaborado este informe en colaboración con el Centre para la
Defensa de los Derechos Humanos de Barcelona, Irídia, que a su ves ha realizado
otro informe junto a otras organizaciones que estuvieron presentes a modo de
observadores durante la consulta del 1 de octubre, y que se hará público el
jueves.
El codirector de Irídia,
el abogado Andrés García Berrio, también ha participado en la rueda de prensa
de este martes en el Congreso y ha asegurado que el dispositivo policial del
1-O "buscaba generar el pánico" y "actuar contra la
población" y fue "contrario a la legalidad".