Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se sientan en el banquillo acusados desobedecer al Tribunal Constitucional que les prohibió la consulta del 9N. Ya hay 120 autobuses confirmados para apoyarles aunque están "hiperconvencidos de que no" han cometido ningún delito.
El expresident de la Generalitat asegura que se ve sometido a un juicio político que no tiene base legal: "Absolutamente insólito, excepcional y absolutamente vergonzoso". Si el fallo del juicio es su inhabilitación, Mas está dispuesto a recurrir a instancias europeas, de lo contrario, dice, será una sorpresa: "Si usted me dice si tengo la botella de cava preparada para esta sorpresa, pues no, no la tengo".
Desde la celebración de la consulta, la posición del gobierno siempre ha sido la misma catalogarla de fraude y propaganda electoral: "Sin censo, sin interventores y controlado por los mismos que deseaban ganarlo" decía Rajoy.
Esta misma semana también declarará Francesc Homs, por haber sido el portavoz del Govern durante la consulta. Además está procesado por este mismo caso en el Tribunal Supremo: "Consideran que lo que pasa en Cataluña no merece atención política, solo jurídica". Los tres exmiembros del Govern también serán juzgados por un delito de prevaricación.