Se trata de una de las citas judiciales más mediáticas que llega tras más de dos años de investigación que llevaron al juez instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a concluir la existencia de indicios de que los altos cargos, entre ellos representantes políticos y sindicales, de las entidades se gastaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012 en gastos personales.
No obstante, solo se juzgará la etapa posterior a 2003, durante la cual los procesados gastaron 12 millones de euros con las tarjetas, debido a que el resto de la responsabilidad por los gastos ha prescrito y no puede ser juzgada.
El juez instructor concluyó que las tarjetas fueron emitidas "sin respaldo contractual alguno", que su uso "no tenía como finalidad gastos de representación" y que, consecuentemente, el dinero debía considerarse como una retribución "irregular".
El juicio, quese celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando (Madrid), arranca con cuestiones previas que continuarán el 27 de septiembre. Según el calendario establecido, la Sala de lo Penal tiene previsto comenzar los interrogatorios el 30 de septiembre y finalizarán el día 7 de ese mes y tras el turno de testigos y expertos periciales, el juicio quedará listo para sentencia el 23 de diciembre.
Bankia-BFA, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y Tenedora de Acciones SAU (BFA) ejercen la acusación particular mientras que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), en sustitución de UPyD, y la Confederación General de Trabajo, la acusación popular.
Frente a la tesis adoptada por el fiscal Alejandro Luzón,la defensa de los propios acusados argumentó ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 que el uso de estas tarjetas era una práctica plenamente aceptada y heredada del expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro entre los años 1988 y 1996, a quien señalan como el responsable de ponerla en marcha.