El cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, ha asegurado ante el tribunal que le ha estado juzgando por la primera época de la trama que sus empresas no fueron montadas "para trabajar con el PP y delinquir" y ha señalado que él utilizaba sus relaciones con políticos para hacer gestiones y obtener contratos.

"Ministros de este país, expresidentes del gobierno de este país trabajan de esta manera en muchos países latinoamericanos y de Oriente Medio. Empresas privadas les hacen contratos importantes para que empresas españolas tengan contratos en este países y sean elegidas", ha expuesto Correa, que se enfrenta a 125 años de cárcel, y ha lamentado que le traten "peor que a un terrorista".

Por ello entiende que no ha cometido ningún delito de cohecho, como mucho uno fiscal, y ha añadido que nunca ha pagado ninguna comisión para obtener contratos.

Además, se ha ofrecido a la Fiscalía para colaborar en las causas que tiene aún pendientes.

En el uso de su derecho a la última palabra en el juicio ha señalado que el juez Baltasar Garzón fue injustamente inhabilitado y tendría que ser indultado por el Gobierno.

"Solicito como ciudadano español el indulto del juez Baltasar Garzón (...) creo que ha sido injustamente inhabilitado por este país y que es una víctima más como yo de una causa que tiene un tinte político y no jurídico", ha expuesto sobre el que hasta ahora se creía uno de sus principales enemigos.