El exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha sido citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional el próximo 7 de junio por presuntos delitos de prevaricación y malversación debido a la supuesta compra irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001, según han informado fuentes jurídicas.
El que fuera su 'número dos' en el Gobierno regional, Manuel Cobo, también deberá comparecer como imputado un día antes, el 6 de junio, así como el también exconsejero de Medio Ambiente Carlos Mayor Oreja, quien está citado a comparecer el día 5.
Las fuentes consultadas han explicado que, tras escuchar a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de Inassa en 2001, el magistrado Manuel García Castellón ha decidido citar a Gallardón al ser el presidente del Consejo de Gobierno que dio el visto bueno a la adquisición.
Cobo, por su parte, fue consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, mientras que Mayor Oreja fue consejero de Medio Ambiente y en 2001 también ocupó el cargo de presidente del Canal de Isabel II, aunque ese mismo año fue sucedido por Pedro Calvo.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado recientemente un auto en el que rechaza el archivo de esta pieza del 'caso Lezo', razón por la cual el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha tomado esta decisión ahora. Los antiguos miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II, entre ellos dos estrechos colaboradores de Gallardón, Pedro Calvo y Juan Bravo, estuvieron desfilando por la Audiencia Nacional a lo largo del mes de enero para explicar por qué aprobaron la compra de Inassa por un precio por encima de su valoración.
El juez ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana", ya que se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.
La Fiscalía acusa al exdirector gerente del Canal Arturo Canalda y los entonces directivos José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras de diseñar una operación de compra paralela a la explicada ante los consejeros y "repleta de irregularidades" puesto que seis días antes de que se celebrara la sesión de votación ya estaba concedido el aval bancario para adquirir Inassa.
En su declaración ante el juez instructor, los exdirectivos de la empresa pública madrileña negaron las acusaciones y explicaron que, lejos de provocar pérdidas, se trató de la mejor propuesta de compra de todas las opciones presentadas por los técnicos de la compañía de aguas.