En una carretera en Dinamarca cientos de refugiados llevan caminando durante días tras suspender el Gobierno danés los trenes y autobuses desde el sur del país hasta Suecia porque no quiere que se llene el país de refugiados. Por eso, los voluntarios les abren las puertas de sus coches para hacerles el camino un poco más fácil.

Lisbeth Zorning, la cual fue defensora del menor en Dinamarca, hizo lo mismo en otoño de 2015 y, ahora, tras ser condenada por tráfico de personas, tendrá que pagar una malta de 3000 euros. "Estoy muy enojada sólo lo han hecho porque soy una persona conocida, animo a la gente a protestar", destaca. En las redes los movimientos en contra se multiplican, pero el Gobierno no cede y mantiene una premisa clara: priorizar, el interés nacional.

Por otro lado, en España parece que la política, según el último informe de Amnistía Internacional, va en la misma línea. "No hacer que las personas refugiadas se sienten bienvenidas es parte de una politica migratoria en la que también España contribuye a mantener a las personas detrás de las fronteras", detalla Virgina Álvarez, de Amnistía Internacional.

Afirma que el sistema de asilo español está obsoleto y, en muchas ocasiones, precipita a los refugiados a la indigencia. Amira tuvo que salir de Libia, pidió asilo en España en marzo de 2014, y, como muchos, sigue esperando. Cuando llegó, dice, nadie sabía nada. cruz roja le ofreció un cobijo, pero sólo duró seis meses, lo que marca la ley. "Necesito un nombre, hasta ahora soy sólo un número, no tengo nada", lamenta. Como ella, en España hay 17400 personas, en su mayoría sirios, esperando una respuesta.