Los problemas judiciales de la líder ultraderechista Marine Le Pen agitan la campaña presidencial francesa, después de que se conociera que los magistrados han pedido que se levante su inmunidad parlamentaria para poder interrogarla sobre unos presuntos empleos ficticios.
La noticia provocó en un primer momento sorpresa en su partido, el Frente Nacional (FN), que finalmente optó por minimizarla e inscribirla dentro de la dinámica "normal" de una investigación que, aseguran, persigue mancillar la imagen de la candidata para impedir su llegada al Elíseo.
La inmunidad como eurodiputada le ha permitido hasta ahora a Le Pen no acudir a las convocatorias policiales y judiciales en el marco de las pesquisas sobre el pago con fondos del Parlamento Europeo a asistentes parlamentarios que presuntamente trabajaban para el FN.
Los magistrados, que también solicitaron levantar la inmunidad de otra eurodiputada ultraderechista, Marie-Christine Boutonnet, han imputado ya a dos colaboradores del partido. Marine Le Pen ya fue sancionada en la Eurocámara por esos empleos -por lo que le han embargado su sueldo de diputada europea-, pero la justicia francesa investiga desde marzo de 2015 si existe también delito en el ámbito nacional.
La noticia se ha dado a conocer en un momento en el que Le Pen registra una tendencia a la baja en los sondeos, que ya no dan por descontada su presencia en la segunda vuelta de las presidenciales del 7 de mayo próximo.
Hasta ahora, los problemas judiciales de la líder ultraderechista, que tiene abiertos hasta seis frentes en los tribunales, no parecían afectar a su tirón electoral y todas las encuestas la situaban como ganadora de la primera vuelta del próximo día 23.