La nueva normativa, que modifica un texto anterior, estipula que "aquel que comete un ultraje contra Alá, sus profetas, sus libros, etc., es un apóstata que será castigado con la pena de muerte aunque se arrepiente". Además se le impone el pago de una multa de entre 50.000 uguiyas (140 euros) y 600.000 (1.382).
El anterior texto abrogado estipulaba que "todo musulmán culpable del delito de apostasía, sea por palabra o acto de forma aparente o evidente, será invitado a declarar su arrepentimiento en un plazo de tres días. Si no se arrepiente en este plazo será condenado a pena de muerte por apostasía y sus bienes serán confiscados a favor del Tesoro Público".
La antigua ley también añadía que si el condenado por apostasía "se arrepiente antes de la ejecución de la sentencia, el fiscal someterá el caso ante el Tribunal Supremo con el fin de restablecer todos los derechos del condenado, sin perjuicio de una pena correccional".
El ministro de Defensa mauritano, que ejerce de titular interino de Justicia, Diallo Mamadou Bathia, sostuvo -durante la presentación anoche de la nueva ley ante los parlamentarios- que los dispositivos de la antigua normativa "contradicen la doctrina maliki que adopta el Estado".
Este cambio de legislación se produce en un clima social tenso marcado por la pena reducida de dos años de cárcel a la que fue sentenciado en noviembre de 2017 por el Tribunal de Apelación el bloguero Mohamed Cheij uld Mjaitir, acusado de publicar un artículo considerado insultante para el profeta Mahoma. Mjaitir sigue en la cárcel desde su detención en enero de 2014.
Su ejecución es fuertemente reivindicada por los mauritanos que así lo expresaron en varias ocasiones en marchas en Nuakchot durante las diferentes etapas de su proceso. A pesar de existir en el Código Penal mauritano y de que los tribunales la pronuncian, la pena capital no se aplica en Mauritania desde la década de 1980.