Un jurado en Los Ángeles recomendó la pena capital para el hispano Isauro Aguirre, de 37 años, quien fue hallado culpable por la tortura y asesinato de un niño de ocho, Gabriel Fernández. El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, culminó con esta recomendación un periodo de dos semanas en el que se ofrecieron testimonios y evidencia escalofriante sobre los repetidos abusos perpetrados por Isauro Aguirre.

Este jurado halló culpable a Aguirre, exguardia de seguridad que en la época de los hechos era novio de la madre del menor, Perla Sinthia Fernandez, el pasado 15 de noviembre. "La pena de muerte es el único castigo apropiado y justo por lo que Aguirre le hizo a Gabriel Fernández", dijo el fiscal Jonathan Hatami al presentar sus argumentos de cierre ante el jurado.

"No hay nada peor en nuestra sociedad que un hombre -ya crecido- torturando y asesinando a un pequeño niño", enfatizó. La defensa, por su parte, pidió clemencia para Aguirre y solicitó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado, tras cerca de siete horas de deliberación, se inclinó por la pena capital. La lectura de la sentencia formal se realizará el próximo 8 de marzo.

Durante el proceso judicial salieron a la luz aberrantes detalles de la tortura que padeció el niño mientras vivió con su madre y con Aguirre, después de que la progenitora recuperase su custodia. Gabriel Fernández murió el 24 de mayo de 2013 en un hospital local, dos días después de que los servicios de emergencia lo hallaran inconsciente en su domicilio, en Palmdale, un vecindario del norte de Los Ángeles.

Según la autopsia, el menor presentaba fractura craneal, varias costillas rotas y quemaduras en todo su cuerpo. El hecho conmovió a la comunidad donde vivía el niño y desembocó en una investigación en el ámbito de los servicios sociales y cuidado de menores del condado de Los Ángeles, que terminó con cuatro trabajadores sociales llevados a juicio. La Fiscalía aseguró que Aguirre, de más de 1,80 metros de estatura y 122 kilos de peso, golpeó, pateó y quemó al niño hasta llevarlo a la muerte porque pensaba que era homosexual.

Las trabajadoras sociales Stefanie Rodríguez y Patricia Clement, al igual que dos supervisores, Kevin Bom y Gregory Merritt, fueron despedidos de sus empleos por este caso y acusados posteriormente de abuso infantil y falsificación de registros. Perla Sinthia Fernández, que será juzgada en un juicio separado por estos hechos, y Aguirre fueron detenidos sin derecho a fianza.