Las mujeres denunciantes tuvieron un total de 11 hijos con efectivos procedentes de Uruguay, Argentina, Nigeria y Sri Lanka que, al término del despliegue, han regresado a sus respectivos países sin hacerse cargo de los niños.
Además, en uno de los casos se da la circunstancia de que la mujer tenía 17 años cuando dio a luz, lo que implica un delito de violación conforme al Código Penal haitiano, ha advertido en un comunicado el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití.
"Estas madres y sus hijos han sufrido graves problemas económicos y discriminación. Seis de ellas se han quedado sin casa tras el paso del huracán 'Matthew' en octubre de 2016", ha explicado el letrado Mario Joseph, de la Oficina de Abogados Internacionales, que trabaja en el caso, según un comunicado.
Joseph ha explicado que, durante los últimos años, se han presentado varias solicitudes formales ante la ONU y el Gobierno haitiano para avanzar en las demandas de paternidad, pero todos los esfuerzos han sido en vano. Tampoco se han traducido en avances prácticos los compromisos de Naciones Unidas y de su actual secretario general, António Guterres, para combatir los abusos sexuales en las misiones de paz.
"La ONU ha tenido una política de 'tolerancia cero' durante años, pero en la práctica, la impunidad es la norma. A pesar de los reiterados compromisos, no ha tomado medidas apropiadas para acompañar a las víctimas ni se han adoptado represalias contra los miembros de las fuerzas de paz que han abandonado a sus hijos", ha lamentado el abogado.
Por ahora, sólo algunas de las denunciantes han recibido ayuda de Naciones Unidas, y mínima. Así, Joseph ha explicado que varias de ellas pudieron trabajar a tiempo parcial para la organización y tuvieron acceso a una prueba genética cuyos resultados nunca llegaron a ver.
Un portavoz de Guterres, Farhan Haq, ha justificado a Thomson Reuters Foundation que la responsabilidad de los menores recae en los supuestos padres, toda vez que "Naciones Unidas por sí sola no puede establecer legalmente ninguna paternidad o medidas de apoyo para los niños". Cualquier compensación, ha añadido, "es una cuestión de responsabilidad personal que debe ser determinada en procesos judiciales nacionales".
Los casos de abuso han supuesto una de las muchas sombras que han lastrado la labor de la MINUSTAH, una misión que abandonó formalmente en Haití tras 13 años de despliegue. La misión está acusada de introducir la epidemia de cólera que terminó matando a unas 10.000 personas.