El Gobierno chileno va a abrir una investigación para esclarecer la muerte de una niña de 13 años a la que se le negó un trasplante cardíaco por su condición precaria y humilde. Así lo informó hoy a los periodistas la ministra portavoz de Gobierno, Paula Narváez, quien explicó que la investigación administrativa funcionará en paralelo a las diligencias que realiza el Ministerio Público.

"Lamentamos profundamente lo sucedido con Daniela Vargas", enfatizó Narváez para agregar que el Ejecutivo espera que los hechos se esclarezcan y que se pueda conocer qué fue exactamente lo que pasó en este caso.

La ministra portavoz de Gobierno resaltó que se busca dar con todos los detalles de lo ocurrido, considerando las distintas versiones que han dado las instituciones involucradas, como la Red de Salud UC Christus, donde se esperaba fuera intervenida, y el Ministerio de Salud. "Esperemos los resultados que se realicen tanto de la investigación administrativa que pueda llevar el Ministerio de Salud como la investigación que lleve adelante el Ministerio Público ", precisó.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, ha dicho a los periodistas que hay muchos organismos del Estado que tienen competencia en lo que pasó con Daniela."El Ministerio de Salud y la red asistencial tienen que priorizar y evaluar a las personas susceptibles a un trasplante de órganos en base a razones objetivas, que no pueden implicar criterios discriminatorios como el origen social o su red de apoyo para la procedencia de estos trasplantes", añadió.

Aseguró que en el INDH se van a recopilar antecedentes para analizar las acciones penales que podamos deducir en esta línea y que también se oficiará a los organismos pertinentes para que informen sobre otros niños que actualmente puedan estar en una situación similar a la de Daniela, para así evitar que sean excluidos por razones arbitrarias de la lista de espera de órganos.

La muerte de Daniela Belén Vargas, que falleció de un infarto provocado por una miocardiopatía dilatada, cuya única solución era un trasplante, en marzo del 2015, causó conmoción en todo Chile. La niña de 13 años, residente en la sureña isla de Chiloé, a 1.200 kilómetros de Santiago, estaba al cuidado del Servicio Nacional de Menores (Sename), responsable de los niños en riesgo social.

La entidad había cedido su tutela a una madre cuidadora, tras constatar que había sufrido abusos sexuales en el entorno familiar. Por su enfermedad, la menor fue trasladada a Santiago e ingresada en un hospital de la Red de Salud UC Christus, de la Universidad Católica, en el que fue considerada apta para un trasplante, pero el comité de ética de la entidad se negó a aceptarla debido a su "precariedad familiar, social y personal".