El Gobierno prometió 200 millones de euros para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero estos presupuestos sólo contemplan 80 millones, los 120 restantes quedan al criterio de comunidades y ayuntamientos.

Una de esas comunidades, Andalucía, responde a la ministra de Sanidad. "Andalucía pondrá su parte, pero nos parece irresponsable", señala Susana Díaz. La oposición enseña el Pacto de Estado y recuerda que eso no era lo acordado.

También ha generado polémica la partida de la dependencia: sólo sube en 46 millones, lo que equivale, según algunas asociaciones, a que únicamente abandone el 2% la lista de espera.

Los sindicatos también critican la congelación del IPREM, el indicador para acceder ayudas sociales. Si alguna de ellas se calcula multiplicando sólo por una vez el IPREM, 537 euros, se quedarían sin poder optar incluso los que reciban el salario mínimo.

Otras partidas castigadas son la de igualdad, la lucha contra la pobreza infantil, la ayuda juvenil al desempleo, que se vuelve a presupuestar aunque en 2017 no se aplicó, o la de I+D+I.