Después de 20 años trabajando, Fernando Hernández recibió la noticia. "Estaba encerrado con los compañeros porque no se me había comunicado y el 4 de enero me llegó un burofax a casa diciéndome que estaba despedido", comenta el trabajador.
Una situación idéntica a la que se enfrentó José María Sandoval, con más de 30 años de experiencia en su puesto. "Uno se encuentra perdido, no sabe por dónde tirar, qué hacer... Te apuntas al paro pero a un caballero de 58 años lo fácil es que no te llamen ni para una triste entrevista", explica.
Ellos ya no pueden entrar en la sede de Tragsa en Valladolid donde, desde el 31 de diciembre de 2015, muchos de sus compañeros permanecen encerrados. Protestan contra un ERE planteado por Tragsa en 2012 que pretendía despedir a 1.336 trabajadores en toda España.
La empresa, a través de un comunicado, aseguraba que "al haberse registrado una mejora en la actividad, se daba por finalizado el procedimiento de despido colectivo tanto en la compañía como en su filial". El ERE ha afectado a 555 trabajadores y, por eso, han anunciado que seguirán encerrados y llevarán a cabo movilizaciones.
"El paso que ha dado la empresa no nos sorprende. Vamos a seguir con nuestras movilizaciones y las incrementaremos hasta que el último de los trabajadores despedidos retorne a esta empresa", explica Ángel Hernández, presidente del comité de intercentro de Tragsa.
Aseguran que los despidos no se justifican porque hay en exceso de trabajo. "En los dos últimos años desde que se presentó el ERE, hemos estado trabajando, y trabajando a tope", aseguran Fernando Hernández.
Además, denuncian que la compañía utilice la reforma laboral para sustituir a trabajadores fijos por otros eventuales y más precarios. Por eso, están dispuestos a llegar, incluso, hasta el Parlamento Europeo para que hasta el último de los trabajadores despedidos sea readmitido.