Revisar la Ley de huelga es una vieja aspiración de empresarios y parte del espectro político, pero el Ejecutivo nunca vio urgente acometer este empeño. "La ley de huelga no está en el programa electoral del Partido Popular, no es una prioridad en el Gobierno de Mariano Rajoy", aseguraba la ministra Fátima Báñez en 2012. Algo que parece haber cambiado al calor del conflicto de la basura en Madrid.

Al Gobierno le han entrado las prisas. "Soy partidario de una ley de servicios mínimos para que se cumplan, algo que ya he encargado que se estudie", ha anunciado el presidente del Gobierno en una entrevista.

Los sindicatos no ven clara una reforma destinada a contentar, según dicen, a los que han fracasado. "No se puede atender a las presiones de los sectores más contrarios al derecho de huelga en nuestro país", ha explicado Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO.

El presidente del Gobierno habla de regular el cumplimiento de los servicios mínimos. Por su parte, la oposición cree que lo que se plantea es recortar un derecho esencial. Servicios mínimos que realmente ya están regulados. El derecho a huelga está reconocido por la Constitución que contempla la posibilidad de desarrollar una ley que nadie ha acometido hasta la fecha, por ello impera un decreto de finales de los 70.