La petición de los pensionistas es muy clara: les parece una subida insuficiente la que ofrece el Gobierno y por eso han vuelto a concretarse en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía o en Madrid.

También, para los sindicatos, este acuerdo está lejos de sus exigencias. "Que las más bajas se acerquen a los 1.000 euros y eliminar el factor de sostenibilidad", señala Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Piden eliminar el factor de sostenibilidad y no esperar a 2023 como ha anunciado el Gobierno. Volver a ligar las pensiones al IPC se traducirá en 1.500 millones este año y 1.800 el que viene, un gasto que se sufragará porque según el Gobierno hay más margen para gastar gracias en parte a los intereses de nuestra deuda.

Montoro también cree que será inferior lo que nos cueste el rescate de las autopistas y el resto de la recaudación se hará gracias a un impuesto sobre las tecnológicas. Hasta ahora muchas tributaban en lugares como Irlanda y apenas pagaban impuestos. Entre las cuatro grandes no superaban los 27 millones.

Este impuesto recaudará 5.000 millones de euros para toda la Unión Europea y 500 millones en España, pero este año no llegará. Depende de Bruselas, que ha recordado que los pensionistas españoles han mantenido su nivel de vida durante la crisis.