Nos citamos en el centro de Madrid con Margarita Martínez, empleada del hogar desde hace 18 años. A las 11 de la mañana ya ha estado trabajando en dos de sus cinco empleos: "No es decir vas y limpias el polvo y ya. Estamos sosteniendo vidas porque si tú no haces ese trabajo, la persona de esa casa no puede salir a su trabajo".
Es una de las 600.000 empleadas de hogar que hay en España. Reclaman que se les incluya en el régimen general de trabajadores para tener los mismos derechos que el resto de empleados: "Exigimos políticas públicas para que este trabajo sea reconocido y que tengamos derechos como cualquier otro colectivo" exige Rafaela Pimentel, portavoz de Territorio Doméstico.
No tienen prestación por desempleo, ni se les aplica la ley de riesgos laborales, y, denuncian los sindicatos, se les puede despedir sin preavisos y sin indemnizaciones: "Estamos 20 años en una casa y nos despiden y ya está. ¿Qué haces? No tienes derecho al paro" explica Martínez.
En 2011, una ley obligaba al Ministerio de Empleo a crear un grupo de expertos para evaluar precisamente la protección por desempleo de este tipo de trabajadoras. El Gobierno saliente había encargado un informe para analizar este asunto y enviarlo al Consejo Económico y Social.
Algo insuficiente para los sindicatos: "El Consejo Económico y Social es muy importante pero no está para decidir cómo se integran unas trabajadoras en el régimen general, si no que desde el diálogo social con los interlocutores sociales es con quienes hay que hablar" explica Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.
En un principio, se acordó incluirlas en el régimen general de trabajadores en 2019, pero una enmienda del PP en los presupuestos, lo retrasa al 2023: "Es un palo más para muchísimas trabajadoras del hogar que estamos realizando este trabajo en condiciones muy difíciles" defiende Pimentel. Los sindicatos y el colectivo de empleadas de hogar confían en que con el cambio de Gobierno las promesas no sean simplemente eso.