Siete millones de hipotecados pueden recuperar todo o, al menos, la mitad de lo gastado en la firma de una hipoteca que tradicionalmente sólo asume el cliente.

Como ejemplo, si una hipoteca es de 150.000 euros, hay que pagar los 425 euros del notario, la inscripción en el registro, unos 122 euros, y los impuestos por actos jurídicos, de 2.550 euros. En total serían unos 3.100 euros que ahora podemos exigir a los bancos que nos reintegren.

Pero la pregunta es: ¿quién y cómo puede reclamar este dinero?. La decisión afecta a la totalidad de los hipotecados y pueden reclamar tanto quienes estén pagando, como quienes hayan acabado ya de hacerlo.

La clave es no haber denunciado con anterioridad y que ya exista una sentencia firme. Para la denuncia, hay aportar tres documentos, que son la factura de la notaría, la del registro de la propiedad y el recibo del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. En caso de no disponer de estos documentos, se pueden reclamar a la gestoría del banco y la entidad debe facilitarlo.

Por lo tanto, los gastos hipotecarios nunca deberían haber sido cobrados a los consumidores según dictamina el Supremo.