Según fuentes jurídicas, la sección cuarta de la sala de lo Penal considera que los 11,4 millones percibidos por Benjumea y los 4,5 millones que recibió el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, no incurrieron en ilegalidad alguna.
Razón por la que también rechaza adoptar cualquier medida contra los tres miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones acusados, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, para quienes la Fiscalía pedía cuatro años de prisión como colaboradores.