En su sentencia, el TC estima parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los pequeños seísmos registrados en la zona.
El TC considera que no concurría una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que justificara aprobar un decreto ley para "atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista".
El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, tras los cientos de seísmos registrados en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación.
Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.
La sentencia del TC, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Antonio Xiol, señala la "necesidad de una norma con rango de ley" para atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista, sin que pueda regularse a través de un real decreto ley.
En opinión del tribunal, no se ha aducido "ninguna razón" que acredite la existencia de una "situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente dictando un decreto ley y que justificara la aprobación de la norma de urgencia que nos ocupa".